Tinta Judicial
Viernes 19 de Octubre de 2018

Un hospital platense en la mira judicial

Justicia

Se tratan de establecer las causas del aumento de la tasa de mortalidad intrahospitalaria al tiempo que se denunciaron violaciones a los derechos humanos

Un hospital de salud mental ubicado en la localidad platense de Melchor Romero quedó bajo la mirada judicial luego de un recurso de amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que se pone en superficie la violación de derechos humanos de los pacientes al tiempo que se subraya un notorio aumento de la tasa de mortalidad en el nosocomio. Cabre recordar que en 2009 se inició un expediente en sede penal por la presunta venta de órganos de pacientes fallecidos.

La presentación judicial derivó en la presencia de personal del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata que realizó un reconocimiento judicial en la Dirección Asociada de Psiquiatría del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” –conocido como “Melchor Romero”. Fue a partir de un amparo colectivo presentado por el CELS, producto del trabajo conjunto con la organización territorial Desheredados de la Razón, que denunció la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos en esa institución. El Registro de Defunciones de la Dirección de Psiquiatría asentó un número de fallecimientos preocupante: 59 personas murieron durante 2013 y 43 en lo que va de 2014. Las causas de esas muertes aún se desconocen.

El objetivo del reconocimiento fue que el juzgado constate las condiciones de internación, visibilice los tratamientos de salud mental, la falta de atención integral, y el estado de abandono generalizado. Las personas internadas bajo la Dirección de Psiquiatría de Romero enfrentan diversas modalidades de violencia institucional y conviven en la marginalidad y la exclusión. La consecuencia es la exposición permanente a factores de riesgo que atentan contra su integridad física, mental e incluso contra sus vidas.

De acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental 26657 –adherida por la Ley de la provincia de Buenos Aires 14580– se debe avanzar en el cierre de los manicomios a través de planes de externación sustentable de las personas alojadas y deben articularse políticas de inclusión social, laboral, educativa y de acceso a la vivienda. A pesar de esto, la principal respuesta estatal a los padecimientos mentales continúa siendo la internación psiquiátrica prolongada. A casi cuatro años de vigencia de la Ley, tampoco se creó el Órgano de Revisión provincial para supervisar los lugares de encierro, la legalidad de las internaciones y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias. Este ámbito, permitiría detener las graves y sistemáticas violaciones de derechos de este grupo.

Desde el CELS llamaron la atención “sobre la falta de controles eficaces de los lugares de encierro. Tal es el caso de la ausencia de una ley provincial que cree el Mecanismo Local contra la Tortura, a pesar de la promulgación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes a comienzos de 2013”.

Desde la institución señalaron que el nosocomio de Romero “resulta un caso paradigmático de lo que ocurre en distintas jurisdicciones del país: pese a que se hacen declaraciones a favor de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, en la práctica se sostienen estructuras manicomiales centenarias que funcionan como velo a la indiferencia estatal sobre los padecimientos mentales. El modelo vigente expone a las personas usuarias a torturas, malos tratos e indignidades cotidianas, además de que su institucionalización acrecienta los niveles de discapacidad. Es necesario dar cumplimiento al mandato legal y alcanzar un sistema de atención a partir de la inclusión social”.

En el año 2009, en la sede del fuero Penal de La Plata, se inició un expediente en el que un funcionario municipal solicitó se investigue el presunto tráfico de órganos de pacientes fallecidos, pero la causa fue archivada.




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