Tinta Judicial
Jueves 22 de Junio de 2017

Guerra intestina en el fuero Federal platense

Juan José Losinno, abogado

Juan José Losinno, abogado

Un abogado llegó hasta Casación con una batería de graves denuncias que ponen en crisis un resonante juicio oral por delitos de lesa humanidad. Acusa de parcialidad a magistrados y sostiene que hay represores que no son buscados

“Los fiscales deciden no investigar, los jueces subrogantes de grado les hacen lugar y ahora los camaristas federales en forma inmotivada y arbitraria confirman la impunidad”. En apenas 172 caracteres, un abogado de La Plata denunció una grave situación que estaría ocurriendo en el fuero de la capital bonaerense.

De un lado del ring judicial se ubica el penalista Juan Losinno. Del otro, varios magistrados (jueces y fiscales) quienes intervinieron en la investigación y juicio oral por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención, “La Cacha”.

Según la sentencia dictada el 25 de octubre de 2014, el médico veterinario Claudio Grande fue condenado. Para los jueces Carlos Rozanski y Pablo Jantus, se trata del agente civil de inteligencia apodado “Pablo”, pero la defensa (a cargo del letrado Juan José Losinno) sostiene que el verdadero represor es Estanislao Chiara Vieyra, ex agente de la SIDE y ligado al ex jefe del ejército César Milani.

El planteo de la defensa fue realizado durante la instrucción. Lo repitió y amplió con datos e indicios durante el juicio oral. Su postura fue avalada por el juez Pablo Vega quien, en minoría, votó por la absolución de Grande.

Grande está señalado de pertenecer a un grupo de represores y, según los denunciantes, se trataría de un torturador que se hacía llamar “Pablo”. Durante la instrucción el defensor Losinno solicitó reconocimientos fotográficos entre su asistido y Estanislao Chiara Vieyra, a quien esa parte sindica, como “el verdadero Pablo”. Para ello aportó fotos de ambas personas. Pero la medida de prueba solicitada nunca se llevó a cabo en esa instancia. Sí se ejecutó durante el debate y hubo testigos que señalaron a Chiara Vieyra. Otros a Grande.

En uno de los recursos al que accedió Tinta Judicial, el penalista Losinno sostiene que “nos encontramos ante un voto mayoritario que no ha realizado una profunda valoración del plexo probatorio a través de un análisis racional, integral y armónico de la prueba rendida, tarea que si realizó el voto absolutorio del Juez Pablo Vega”.

Para la defensa el fallo condenatorio “ha sido arbitrario y contrario a la objetiva evaluación de las constancias del proceso la condena a Claudio Grande considerándoselo el represor Pablo, así como también el paralelo reconocimiento de Estanislao Chiara Vieyra como tal sujeto, siendo a partir de los fundamentos del juez Vega que se advierten claramente las contradicciones, omisiones y graves falencias de los votos de los jueces Jantus y Rozanski”.

Para Losinno “del simple cotejo de los votos de los jueces de la condena (Rozanski y Jantus) con el voto absolutorio del Dr. Vega, surge que los primeros han prescindido de evaluar objetivamente prueba dirimente –que es expresamente mencionada por el segundo-, como así también que los primeros no han realizado un análisis de la prueba conjunto e interrelacionado lo que sí ha hecho el Juez Vega asignándole a cada medio probatorio su real dimensión”.

La presentación de la defensa de Grande fue acompañada por fotografías de Grande y Chiara Vieyra, en la que sobresale en parecido en cuanto a rostro y físico.

La versión Losinno indica que el legajo de Chiara Vieyra habría sido ocultado por sus contactos con llegada a César Milani. Y nombró el perfil de la red social para profesionales Linkedin de la hija de Chiara Vieyra. Según el abogado, la hija fue secretaria privada del Jefe del Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas, Luis María Carena.

Losinno denunció a Carena, por el presunto encubrimiento de "Pablo". La denuncia fue formulada ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la capital bonaerense. Nunca prospero.

Retratos del pasado

Desde la detención de Grande, su defensor Losinno insiste con esa hipótesis. Todas las respuestas que recibió fue que se defienda en el juicio oral. En esa etapa la defensa logró una prueba que abona su hipótesis. El parecido entre Grande y Chiara Vieyra es asombroso. Ambos estudiaban veterinaria en la misma época. Ambos pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército. Grande nunca negó haber trabajado en esa repartición durante la dictadura. Alega que era un simple empleado administrativo. En un reconocimiento fotográfico, una sobreviviente señaló a Chiara Vieyra como el carcelero que la custodió en parte de su cautiverio.

Las fotos de ambos son contundentes. A tal punto sus facciones son similares que en los reconocimientos fotográficos realizados durante el juicio oral, varios sobrevivientes señalaron a Chiara Vieyra como “Pablo, abonando la teoría de la defensa”. En ese lote se ubica la referente en la lucha por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la sobreviviente María Laura Bretal, ex militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).

Otros testigos señalaron a Grande como “Pablo”. Uno de los ejes de la defensa fue intentar demostrar que esos testimonios fueron contaminados en la instrucción realizada por el fallecido juez Humberto Blanco.

Losinno denunció que los señalamientos ejecutados durante la instrucción son nulos porque se llevaron a cabo sin control de la defensa y denunció al antropólogo Alejandro Incháurregui, a quien acusó de extraer fotos judiciales y mostrarlas a los sobrevivientes antes que se realizaran los reconocimientos. Para fundar esa hipótesis sacó a relucir una denuncia realizada por la agrupación Justicia Ya! Que daba cuenta de esas presuntas maniobras.

Según dice el doctor Losinno, Inchaurregui se entrevistó “por fuera del proceso” con determinados testigos, exhibiéndoles fotos de esa carpeta o ese libro con el fin de instalar la hipótesis de que durante la última dictadura, en el centro clandestino “La Cacha”, habrían existido “dos Pablos”.

Además Losinno refirió en Casación que “las víctimas María Laura Bretal, María Inés Paleo, Norma Aquim, Camilo Cagni, Guadalupe Godoy y el doctor Hernán Alexis Navarro –actual relator del cocamarista Alvarez- no tienen motivo para denunciar falsamente algo y expresan claramente que hubo exhibición de carpetas con fotos de militares por fuera del proceso y por parte de Alejandro Incháurregui”.

Luego de analizar cada uno de los testimonios de cargo y confrontarlos con declaraciones de las mismas personas en otros procesos, el letrado subrayó las contradicciones, omisiones y diferencias en las versiones que dieron los sobrevivientes, lo que significó un barrido de distintas causas. Todo un manual de investigación judicial. Además el abogado acusa a las secretarias Ana Cotter y Sandra Mañanes, funcionarias del Juzgado Federal nº 1 de La Plata, de “desidia” en la custodia de una carpeta o un libro de fotografías, pues dicho elemento, según el letrado, fue “sacado de la caja fuerte del juzgado” 1 y utilizado “irregularmente” por Alejandro Inchaurregui, recientemente despedido del ministerio de Seguridad bonaerense.

En resumen, Losinno denuncia ineficacia de fiscales y jueces. La respuesta no tardó en llegar. Desde la Cámara Federal de La Plata, ordenaron enviar actuaciones al Colegio de Abogados de La Plata para que “se expida acerca de las conductas” del letrado. El documento judicial firmado el 31 de marzo pasado, al que accedió este medio, lleva las firmas de Julio Víctor Reboredo, Roberto Agustín Lemos Arias, Carlos Román Compaired, Antonio, Olga Ángela Calitri y Leopoldo Héctor Schiffrim.

La Cacha

Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.

En los 9 meses de audiencias el juicio y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

Entre los casos que se investigaron están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, Embajador argentino en España.

Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

El centro clandestino funcionó en las instalaciones de la vieja antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, aledaña a las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre las calles 191, 196, 47 y 52, en la localidad de Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata.


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