Tinta Judicial
Viernes 19 de Octubre de 2018

Detenciones por financiera “trucha” en Córdoba

Financiera CBI Córdoba Cordubensis

Se investigan también a políticos cordobeses por sus vínculos con CBI

Fiscales de la Procelac solicitaron detenciones a responsables de una cueva monetaria donde, se cree, lavaban dinero, entro otros posibles delitos.

La Justicia Federal de Córdoba promueve imputaciones y detenciones en el marco de la investigación que, junto a equipos especializados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), lleva adelante en contra de la financiera local CBI Cordubensis SA, por su funcionamiento ilegal y presunto lavado de dinero.

El fiscal federal, Enrique Senestrari, confirmó que promovió las imputaciones y pedidos de detención para el titular de la compañía financiera, Eduardo Rodrigo, y otras personas vinculadas presuntamente en los delitos de "estafa" y "asociación ilícita", como Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Victor Alaniz, Luis de los Santos, Doris Puccetti, José María Nuñez y Daniel Tissera.

Las imputaciones y detenciones fueron derivadas al juez federal 1, Ricardo Bustos Fierro, quien deberá resolver sobre los pedidos del fiscal Senestrari.

El viernes último el fiscal Senestrari encabezó una veintena de allanamientos vinculados a la investigación, cuyos resultados fueron “positivos”.

Los imputados están siendo investigados por supuestas maniobras fraudulentas mediante el funcionamiento de la entidad, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue encontrado muerto en su vehículo el jueves 13 de febrero, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono, no obstante la causa es investigada por la Justicia Provincial y está en manos del fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile.

En tanto el titular de la compañía financiera, Eduardo Rodrigo, decidió esconderse junto a su familia argumentando que teme por su vida y se presume que se encuentra en un país limítrofe.

Después de la muerte de Suau, la compañía decidió cerrar sus puertas, lo que generó la reacción inmediata de muchos ahorristas que no pudieron recuperar sus depósitos.

En tanto, la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Senestrari sostiene que la financiera “no tenía autorización del Banco Central”, y que las pruebas hasta el momento recolectadas establecen que la entidad funcionaba como “una cueva de dinero ilegal”, respaldándose en una carta que había dejado Suau para ser entregada a la Justicia Federal por si le pasaba algo.

El abogado Carlos Nayi, quien representa a un grupo de ahorristas damnificados, continúa sumando denuncias en contra de la compañía, incluso mencionó a personalidades de la política, del sindicalismo, del deporte, y de la función pública provincial y municipal, como involucradas con la entidad financiera.

Mientras tanto, el concejal del Frente Cívico del municipio capitalino, Esteban Dómina, promovió un pedido de informes para que se informe oficialmente si la Municipalidad de Córdoba tenía vinculación con el CBI para “manipular ilegalmente fondos del sistema de transporte público de la ciudad”, según las publicaciones de los medios periodísticos cordobeses.

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