Tinta Judicial
Lunes 20 de Enero de 2020

Coimas en La Plata: piden nulidad de la causa

Allanamiento municipalidad La Plata

Las sospechas de corrupción golpean a la comuna de La Plata

Lo solicitó el defensor de uno de los funcionarios involucrados en las escuchas telefónicas. Define en juez de Garantías

La causa penal por el presunto pedidos de coimas a un vecino que inscribió sus tierras para ser vendidas a beneficiarios del plan nacional de viviendas Procrear podría volver a foja cero en caso de prosperar un pedido de nulidad solicitado el defensor particular de uno de los altos funcionarios mencionados en las escuchas telefónicas, confirmaron fuentes de proceso a Tinta Judicial.

El abogado Juan Ángel Di Nardo, defensor del secretario de Gestión Pública Enrique Sette, pidió la nulidad de las escuchas telefónicas y de todo lo actuado en la causa por entender que no está probado el delito de pedido de coimas que se investiga (junto al de asociación ilícita) en el expediente a cargo del fiscal Jorge Paolini.

El planteo deber ser contestado por el fiscal y luego el juez de Garantías, Pablo Raele, debe expedirse sobre el incidente.

Cabe recordar que el 7 de abril de 2012, Casación bonaerense confirmó el sobreseimiento del ex intendente de Bahía Blanca, Rodolfo Lópes, quien también fue investigado en base a escuchas telefónicas. El escándalo terminó con la destitución de Lópes como jefe comunal, pero en el fuero Penal fue declarado inocente.

En la resolución dictada por los camaristas de Casación Federico Domínguez (quien fue citado a indagatoria en el marco de la causa AMIA), Daniel Carral y Fernando Mancini, se rechazó una apelación de la fiscalía para que se tomaran como prueba escuchas telefónicas, y se hizo lugar al planteo de la defensa del ex intendente, a cargo de los platenses Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo y Juan Losinno.

Como la escucha telefónica es "una medida limitadora de un derecho fundamental" y "se caracteriza como una medida de coerción, para disponerla se debe tener una sospecha fundada sobre la comisión de un delito", se detalló en el fallo de Casación, indicando que en este caso esa fundamentación no se concretó y sólo se hizo mención a la existencia de "motivos suficientes, por las constancias de la causa", sin identificarlos, es decir sin fundar.

La denuncia

Guillermo Andreau es el ingeniero agrónomo que hizo la acusación ante el fiscal Paolini. El funcionario dio curso a las intervenciones de teléfonos. Del análisis de esas comunicaciones surgieron las nuevas pistas. Los nombres de empleados y funcionarios municipales se repiten, son coincidentes en la mayoría de los casos.

A más de tres semanas que el escándalo saltara a la luz de la opinión pública no hay detenidos. Tampoco imputados y menos procesados. Los investigadores trabajan contrareloj para seguir sumando indicios, pruebas y pistas.

Enrique Sette, titular de la Secretaría de Gestión Pública aparece en distintos escritos judiciales como “jefe” de la “asociación ilícita”. Es platense y llegó a la gestión municipal luego de haber cumplido funciones en el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio de Vido. También fue director Provincial de Planificación y Control de Gestión durante la gobernación de Felipe Solá.

Andreau explicó ante la consulta de Tinta Judicial que “las reuniones se realizaban en el despacho del funcionario, pero él nunca estaba presente”.

Tras la presentación de la denuncia formal, el fiscal de Delitos Complejos, solicitó escuchas telefónicas y mediante ellas, determinó que los involucrados en la maniobra serían el Secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el Director General de Planeamiento Urbano, Roberto Moreno; el Director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró junto a los empleados municipales Rubén Edgardo Moratis) y Cristian Ibarra.

El fiscal solicitó las órdenes de allanamiento y detenciones por los delitos de “asociación ilícita en concurso con exacciones ilegales”, pero el juez de Garantías Pablo Raele, entendió que por el momento no está probado el primero de los delitos. Ante ese panorama avaló los allanamientos, pero las detenciones quedaron en suspenso ya que el segundo de los delitos tiene una pena máxima de cuatro años de prisión y es excarcelable.

El fiscal fundamentó sus requerimientos en la propia denuncia de Andreau y en las varias horas de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación penal preparatoria.

De la lectura de las desgrabaciones de las escuchas se desprende que el denunciante era contactado telefónicamente por los empleados Moreno y Moriatis, y éstos hacían referencia que para “agilizar” el expediente administrativo había que “hablar” con los otros tres funcionarios.

En la libreta de los investigadores también aparecen anotados el secretario general de la comuna, Jorge Campanaro. También Mariano Bruera, hermano del intendente platense Pablo Bruera, pero hasta el momento esa arista de la investigación está en sus primeros tramos.

Cabe recordar que Mariano Bruera ya fue mencionado en otras causas por presuntos pedidos de coimas pero ninguna de las denuncias prosperó. Fue investigado por el fiscal Paolini.

 

 

 

 

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