Tinta Judicial
Lunes 20 de Enero de 2020

“Coimas” en La Plata: avances en la causa

Allanamiento municipalidad La Plata

Las sospechas de corrupción golpean a la comuna de La Plata

Los investigadores comenzaron con el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos a la municipalidad de La Plata

Los investigadores a cargo de la causa abierta por presuntas coimas en la municipalidad de La Plata comenzaron a analizar la documentación secuestrada en los múltiples allanamientos realizados en distintas dependencias comunales, detallaron fuentes del caso a Tinta Judicial.

En esa línea el fiscal Jorge Paolini pedirá la colaboración de peritos informáticos para que preserven toda la información almacenada en las computadoras secuestradas durante los procedimientos, cuya base probatoria, son más de diez horas de escuchas telefónicas.

Ante este panorama y como estrategia para atemperar el impacto social de la causa, el intendente Pablo Bruera ordenó a los integrantes de la Dirección de Asuntos Legales de la comuna que se presenten como “particulares damnificados” en el expediente, pero ese planteo debe ser resuelto por el juez de Garantías, Pablo Raele. La movida es clara, intentar despegar al Intendente del escarnio público y a los funcionarios señalados en el expediente: el Secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el Secretario General, Jorge Campanaro; el Secretario de Gestión Integral de residuos, Mariano Bruera; el Director General de Planeamiento Urbano, Roberto Moreno; el Director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró junto a los empleados municipales Rubén Edgardo Moratis (presunto ñoqui) y Cristian Ibarra

El lunes último funcionarios judiciales se presentaron en las oficinas de Control Urbano y Obras Particulares que funcionan en 20 y 50 y en la Secretaría de Gestión Pública con sede en el palacio comunal de calle 12 para “constatar y en su caso proceder al secuestro de expedientes, carpetas, notas, informes, proyectos de decretos, resoluciones o dictámenes y cualquier otro tipo de actos administrativos relativos a rezonificaciones de lotes de terrenos en el Partido de La Plata, como así también dinero en efectivo-moneda nacional o extranjera- que se encuentre guardado u oculto en las oficinas a registrar y que por las circunstancias de su hallazgo permita presumir ciertamente su origen ilícito y cualquier tipo de constancia que haga alusión a la existencia inequívoca de pagos dinerarios indebidos, relativos al trámite de aquellos expedientes o al denunciante de autos”

El expediente se inició tras la denuncia del ingeniero agrónomo Guillermo Andreau, quien denuncio ante el fiscal Paolini que luego de inscribirse en el registro de oferentes de terrenos del plan Procrear para poder lotear una parcela indivisa en 52 entre 162 y 171, empezó a recibir pedidos de dinero por parte de funcionarios comunales.

El fiscal solicitó las órdenes de allanamiento y detenciones por los delitos de “asociación ilícita en concurso con exacciones ilegales”, pero el juez de Garantías entendió que por el momento no está probado el primero de los delitos. Ante ese panorama avaló los allanamientos, pero las detenciones quedaron en suspenso ya que el segundo de los delitos tiene una pena máxima de cuatro años de prisión y es excarcelable.

Paolini fundamentó sus requerimientos en la propia denuncia de Andreau y en las varias horas de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación penal preparatoria. De la lectura de las desgrabaciones de las escuchas se desprende que el denunciante era contactado telefónicamente por dos empleados, y éstos hacían referencia que para “agilizar” el expediente administrativo había que “hablar” con los otros tres funcionarios y entregar “pastito verde”, en referencia a los más de doscientos mil dólares de coima que el denunciante asegura le pidieron desde las entrañas municipales.

 

 

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