Tinta Judicial
Miércoles 22 de Noviembre de 2017

Vinculan a represores de la Armada con Techint

Desaparecidos

Un ex delegado gremial secuestrado en 1976 recordó que después de su secuestro su familia recibió un telegrama de Propulsora Siderúrgica donde se advertía que sería despedido por “abandono de tareas”

Un ex delegado gremial de Propulsora Siderúrgica detalló en su declaración testimonial que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 por integrantes de la Armada y que un día después esa empresa del grupo Techint le envió a su domicilio un telegrama advirtiéndole que sería despedido por "abandono de tareas".

“Me preguntaban qué hacía yo, qué clase de combatiente era y yo sólo trabajaba en Propulsora”, declaró Carmelo Cipollone ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a cuatro ex jefes de la Armada y tres de la Prefectura.

El ex delegado de base contó que lo secuestraron en su casa y fue trasladado en un micro de la Armada que se iba llenando con otros secuestrados, entre ellos obreros de Propulsora, el Astillero Río Santiago y el frigorífico Swift.

El transporte con los secuestrados pasó por una comisaría de Berisso antes de llegar al Liceo Naval, una instalación de la Armada que funcionaba como centro clandestino de detención, donde los interrogaron con simulacros de fusilamientos y los amenazaron con arrojarlos al Río de La Plata.

“Era imposible identificar a nadie (de quienes lo interrogaban), yo tenía 24 años y tenía miedo", relató Cipollone, sometido a apremios ilegales durante 11 días de su secuestro en el Liceo Naval y trasladado después a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció hasta recuperar la libertad el 27 de mayo de 1976.

En la audiencia del lunes 3 de agosto, el ex delegado recordó también después de su secuestro su familia recibió un telegrama de Propulsora Siderúrgica donde se le advertía que si no acudía al trabajo sería despedido por “abandono de tareas”.

En declaraciones previas, Cipollone responsabilizó por la confección de listas que derivaron en su secuestro y los de varios de sus compañeros a directivos de la Propulsora Siderúrgica, entre ellos Néstor Corteletti y un abogado de apellido Fidanza, y a dirigentes sindicales de la UOM.

Por su parte, la testigo María Adela Barraza relató en la misma audiencia su secuestro cuando tenía apenas 18 años y realizaba tareas en una parroquia de la ciudad de La Plata, en la madrugada del 5 de abril de 1976, cuando dormía junto a su madre, abuela y hermanos en su casa de La Plata.

“Vino gente de la Marina y me llevaron, me vendaron, me ataron las manos atrás y me subieron a un vehículo diciéndome que me llevaban para averiguación de antecedentes”, explicó y añadió que fue trasladada a un lugar que luego identificó como Prefectura Naval de Ensenada.

En ese lugar, “estuve sentada en un banco en un pasillito durante dos días. Estaba vendada, amordazada y encapuchada y sólo una vez me soltaron una mano para que comiera un sanguchito”, recordó.

En esos dos días logró identificar “por sus voces” a otros prisioneros, entre los que mencionó a “Beatriz Horrac, otro amigo de la parroquia de apellido Nazer y una chica embarazada de la que no escuché su nombre”.

“Me preguntaban por algunos nombres pero yo no era la estudiante de Medicina que buscaban, yo no iba a la facultad, recién en noviembre de 1975 había terminado el secundario y laburaba en la Parroquia Nuestra Señora de la Victoria de la calle 54 y 23 de La Plata”, relató.

Una vez "blanqueada", Barraza fue trasladada al penal de Olmos, en el partido de La Plata, donde estuvo seis meses detenida para luego ser derivada a la cárcel de Devoto, en la Capital Federal, desde donde recuperó la libertad el 27 de octubre de 1978.

En este juicio oral están imputados el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIN3) José Casimiro Fernández Carró, quienes se negaron a declarar.

También son juzgados el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y los ex jefes de la Prefectura Naval, zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, que tampoco declararon.

Según la acusación fiscal, los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, secuestrados y torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada.

 

 

 

 

 

 

 

 

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