Tinta Judicial
Miércoles 22 de Mayo de 2019

Guía sobre impunidad gerontológica

Justicia

El trabajo fue realizado en base a los planteos de las defensas que aparecen llamativamente repetitivos en varios expedientes

El incremento de las peticiones de las defensas para permitir el apartamiento de los acusados de crímenes de lesa humanidad del proceso judicial, con el argumento de un cuadro vinculado a su salud psíco-física debido a su edad avanzada, es uno de los mayores obstáculos detectados en el proceso de juzgamiento en los últimos años.

Así lo advierte un cuadernillo que el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Verdad y Justicia, imprimió con aportes para los abogados querellantes en causas de crímenes contra la humanidad bajo el título "Impunidad Gerontológica".

Allí se plantea como eje principal la necesidad de definir al envejecimiento como "un proceso universal y natural inherente a todo ser vivo que es irreversible y que culmina con la muerte, no necesariamente con una enfermedad incapacitante", en base a los cambios que la Organización Panamericana de la Salud sugiere para la definición de la salud.

En la obra se explica que ese argumento es utilizado por las defensas de los imputados para no continuar con el proceso judicial porque presentan un "deterioro cognitivo", que asimilan a la existencia de patologías crónicas como hipertensión o diabetes y que "pueden ser resueltas con tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida".

Otra patología habitual, señala el cuadernillo, es presentar al imputado con un cuadro de ACV "cuando el hecho de haberlo sufrido no define de por sí que padezca discapacidad", y en ese caso sugieren "su evaluación dado que en algunos casos deja secuelas nulas o mínimas que no afectan las funciones cerebrales superiores".

También alerta sobre los informes periciales elaborados por el Cuerpo Médico Forense en base a los pedidos por incapacidad de las defensas por considerarlos "incompletos" y "basados en estudios inexistentes" porque "omite referir si el peritado puede o no estar presente en el juicio, si puede comprender y comunicarse, y no menciona resultados de los test que se realizan, o no especifican el grado de deterioro cognitivo que presentan".

De esta manera "el juez o el tribunal no cuenta con la información necesaria y fidedigna al momento de resolver la situación del imputado".

Debido a los casos de simulación observados, el estudio también recomienda a las querellas y fiscalías que "exijan la realización de una evaluación con técnicas y pruebas tendientes a confirmar o descartar la existencia de un deterioro cognoscitivo".

 

 

 

 

 

 

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