Tinta Judicial
Lunes 06 de Abril de 2020

Detuvieron a siete ex militares de City Bell

lesa humanidad

La unión de cabos sueltos que permitió reconstruir un caso de homicidios y desapariciones. De la versión militar a la investigación judicial

Siete militares detenidos y un prófugo, todos del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, es el resultado provisorio de la investigación sobre el ataque en septiembre de 1977 a una casa de Berazategui, donde fueron asesinados dos adultos y se llevaron a tres niños, que luego reaparecieron.

La versión militar dice que todo comenzó durante "un control e identificación de población". A las 6:45 del 6 de septiembre de 1977, la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, La Plata, desplegó su personal en la calle 148, entre 27 y 28, del barrio Unión Villa España de Berazategui. El objetivo fue ingresar a las viviendas e identificar a las personas. Los militares intentaron irrumpir en una casa desde donde se ofreció resistencia y el saldo fue la muerte de un hombre y una mujer, enterrados luego como NN, la desaparición de "tres niños de 2, 10 y 12 años" y las heridas al soldado Alberto Omar García y la muerte del soldado Luis Alberto Barbusano.

Dos investigaciones administrativas del Ejército relacionadas con aquél caso fueron encontradas más de 30 años después en los archivos del Ministerio de Defensa durante la revisión de documentación de la época. En aquellos expedientes, figuran informes y declaraciones de militares que participaron del procedimiento. Una actuación documentó las averiguaciones tendientes a determinar si la muerte del soldado y las heridas del otro ocurrieron durante "un acto de servicio", con el fin de evaluar si correspondía otorgar las licencias y las indemnizaciones correspondientes. La otra es el expediente de un Consejo de Guerra, una actuación administrativa castrense que tuvo entre sus objetivos declarados dilucidar qué ocurrió aquél día con los niños desaparecidos y las identidades de los "delincuentes subversivos muertos", pero no lo logró porque el caso fue archivado antes de que se intentara profundizar alguna medida.

Eduardo Enrique Barreiro, un militar ahora imputado que está prófugo, declaró en aquél expediente: "El jefe de Grupo, Sargento Acosta con el Cabo Onore se acercó a la puerta para llamar e indicar a los moradores que saliesen, en ese momento desde el interior se arrojó una granada de mano. Los soldados del Pelotón Apoyo repelieron el fuego mientras el Jefe de Grupo y los soldados del pelotón de Asalto tomaban cubierta en inmediaciones de la casa".

Y agregó: "Luego de un corto pero nutrido tiroteo; al penetrar en los jardines de la casa y llegar a la puerta de la misma, el Capitán Badías allanó la vivienda, y se pudo comprobar que adentro de la casa se hallaban tres menores y que detrás de la misma había muerta una subversiva que había intentado huir y en el lateral de la casa el otro delincuente también muerto” (sic).

Aquella documentación con la versión militar fue remitida en 2011 a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y, desde allí, a la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, dado que el partido de Berazategui se encuentra dentro de su jurisdicción. El fiscal General Marcelo Molina ordenó la apertura de una investigación preliminar para establecer la identidad de la pareja muerta, el destino que habían corrido los niños y si los hechos eran imprescriptibles. "La carencia de elementos respecto de quienes son definidos por el Ejército como 'oponentes' impuso averiguar la verdad sobre lo ocurrido y descartar o confirmar la comisión de delitos de acción pública contra las personas a identificar", justificó la Fiscalía la apertura de la pesquisa.

La investigación logró parte de su cometido y el 24 de junio de 2011 la Unidad Fiscal platense requirió al entonces juez Arnaldo Corazza la detención de dos militares. En noviembre de 2013, Molina y el entonces fiscal ad hoc Gerardo Fernández ampliaron las imputaciones y las extendieron a otros siete militares, en base a la nueva prueba recogida en el expediente.

El 6 de octubre pasado, el juez civil, comercial y contencioso administrativo, Alberto Osvaldo Recondo, quien subroga el Juzgado Federal N°3 de La Plata, ordenó las detenciones de ocho militares, de los cuales siete ya se encuentran apresado y el restante, Barreiro, está prófugo con orden de captura internacional.

Los detenidos fueron los entonces jefe y segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 601, Néstor Horacio Falcón (84 años) y Carlos Alberto Bazán (77), respectivamente, y parte de la plana mayor de aquella unidad militar, compuesta por el oficial de Inteligencia, Francisco Ángel Fleba (66); el oficial de Logística, Silvestre Santiago Badías (69), y el oficial de Operaciones, Eduardo Arturo Laciar (76). También, fueron capturados el jefe de la Compañía B del Batallón, Daniel Leonardo Lucero (66), y el entonces cabo primero Miguel Ángel Ferreyra (62).

Salvo Falcón, quien está detenido en su domicilio a disposición de la Justicia Federal porteña en otra causa, es la primera vez que los demás imputados aparecen vinculados a crímenes de lesa humanidad y fueron encerrados en las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza. Lucero fue el último de los aprehendidos: el sábado pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo arrestó en Ezeiza cuando bajó de un avión procedente de Estados Unidos.

Barreiro, quien era entonces jefe de la tercera Sección de la Compañía B, no pudo ser hallado aún. Fue declarado en rebeldía y es buscado por las fuerzas de seguridad federales e Interpol.

Todos están acusados de dos homicidios, de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a la niña mayor y de la sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de 10años.

Es difícil estimar cuántos hombres participaron aquél día del ataque a la casa, pero la Compañía B estaba integrada al menos por treinta personas y la información recabada da cuenta de que además estaban presentes agentes de la Policía provincial y otros militares del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata.

Muertos y desaparecidos

María Nicasia Rodríguez era la madre de una niña de 12 años, de un varón de 10 y de una beba de un año y medio. Los testimonios de los dos hermanos más grandes permitieron reconstruir que aquella mañana de septiembre de 1977, su madre encerró a los tres en el baño cuando escuchó los golpes en la puerta. También recordaron que el hombre que estaba con ellos en la casa se apodaba "Silver".

Luego escucharon disparos y, rato después, alguien gritó que había que disparar contra el baño. Desde adentro, contaron años después aquellos niños, rogaron que no lo hicieran.

"Los niños fueron sacados desnudos, con ropa de cama, descalzos y esposados", citaron los fiscales en su requerimiento, y agregaron que "los militares les dieron ropa y los alimentaron con fiambres, todo sacado de la casa".

El varón y la beba fueron entregados a la Policía bonaerense. Los hermanos recayeron en la Brigada de Mujeres de Berazategui y, tras ocho días, fueron devueltos por un juez de menores a su familia biológica. Esa información no fue consignada en ninguno de los expedientes militares abiertos sobre el caso.

La niña de 12, en tanto, fue secuestrada y padeció un raid de tres meses por diferentes centros clandestinos de detención del Gran Buenos Aires, donde fue sometida a interrogatorios y torturas, particularmente presionada psicológicamente para que individualizara a personas por la calle. La llevaron al Regimiento de La Tablada y a los centros El Vesubio y Sheraton, donde les vio las caras a los represores y compartió el cautiverio con varias personas que permanecen desaparecidas y sobre quienes, con el tiempo, pudo llevar sus historias y memoria a un tribunal. Recuperó la libertad una noche, cuando fue dejada en la casa de su padre en La Plata.

El cuerpo de María Nicasia Rodríguez fue identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en una tumba NN del Cementerio de La Plata. La actuación de los peritos se dio en el marco del Juicio por la Verdad que se lleva a cabo desde 1998 ante la Cámara Federal de esa jurisdicción. El médico de la policía que revisó el cuerpo antes de la inhumación informó que la causa de muerte había sido por disparos en todas las partes del cuerpo, “compatible con traumatismo craneoencefálico y heridas de arma de fuego que afectaron tórax, hombro derecho, húmero izquierdo, pelvis y fémur izquierdo”.

Los representantes del Ministerio Público llegaron a esas constancias porque el nombre de la madre de los niños aparecía en las actuaciones militares como presunto. En la causa abierta en la Cámara Federal tras el hallazgo del cuerpo ya figuraban viejas declaraciones de la hija mayor, lo cual le permitió a la Fiscalía reconstruir la historia de lo que había ocurrido con los niños y verificar la identidad de uno de los cuerpos enterrados como NN.

El interrogante siguió con la identidad del cuerpo del hombre muerto, alias "Silver". El análisis de las licencias de inhumación y los certificados de defunción realizados por el EAAF dio como resultado que, además de María Nicasia, el cuerpo de un hombre había sido sepultado en otra tumba próxima en la misma fecha. Pero en esa tumba no fueron hallados restos óseos.

El EAAF, que también estudió los legajos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estableció como hipótesis que "Silver" podría ser Arturo Alejandrino Jaimez, dado que sus familiares habían declarado ante ese organismo que su muerte y desaparición había ocurrido en "muy similares circunstancias" a las de María Nicasia Rodríguez.

La Unidad Fiscal de La Plata abrió entonces una instrucción suplementaria que logró corroborar la hipótesis. Los fiscales tomaron contacto con la familia de Jaimez y pudieron reconstruir su historia, en base a distintos documentos, entre ellos, la denuncia formulada por su madre, en la que declaró que a Arturo le decían "Silver" y que vivía en una casa del barrio Villa España de Berazategui junto a María Nicasia Rodríguez y los tres hijos.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

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