Tinta Judicial
Miércoles 24 de Abril de 2019

Tragedia en el natatorio de 25 y 62: polémico fallo

Emanuel García Ollarburo Puelo

El joven era arquero en las inferiores de Estudiantes de La Plata

La justicia platense sobreseyó a dos funcionarios que estaban procesados en el marco de la investigación por la muerte de un nene de 12 años que falleció ahogado en el Complejo Puelo

Indignación y repudio total de los familiares y amigos de la víctima. En una inesperada resolución, la justicia platense dictó el sobreseimiento definitivo para dos funcionarios de la comuna local que estaban procesados por cuestiones vinculadas al control y resguardo de las condiciones de seguridad en el natatorio Complejo Puelo, de 25 y 62, done murió un nene de 12 años,  Emanuel García Ollarburo de 12, al ser succionado uno de sus brazos por una bomba de agua que no contaba con una rejilla de seguridad.

El resolutorio fue dispuesto por el juez de Garantías de La Plata Guillermo Federico Atencio en beneficio del Director de Deporte de la comuna Cristian Jorgensen y la Directora de Comercio e Industria Comunal Nora Jáuregui de Yalet, quienes estaban procesados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El sobreseimiento se produjo luego de que el fiscal de Delitos Complejos de La Plata Jorge Paolini había dispuesto el llamado a indagatoria de ambos imputados, al acreditarse que desde el 2008 no se hacían actuaciones de control en natatorios y piletas de La Plata.

Por este hecho, se había dictado una condena al dueño del Complejo Puelo, Germán Carelli, con la pena de cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación especial; y al guardavidas Luis Rubén Argüello, con tres años de prisión y siete de inhabilitación laboral.

En rigor se instruyeron dos expedientes en torno a esta tragedia. Una que arribó a las mencionadas condenas, por la responsabilidad en la muerte del menor. Y otra, la que investiga Paolini, por las responsabilidad funcional en el control del predio, más precisamente por incumplir con las obligaciones correspondientes al cargo, entendiendo que eran los responsables directos del controlar el natatorio de 25 y 62, y hacer cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 9885.

Esa normativa, en su artículo 1 establece que “cada Pileta comercial, deportiva, pileta-escuela, o sindical, deberá estar dirigida por un Director Técnico con título de Profesor de Educación Física reconocido por el Nomenclador en vigencia en la Provincia de Buenos Aires”.

“Siendo sus funciones; más allá de las propias por su relación contractual: cumplir y hacer cumplir la presente Ordenanza; contratar el personal con idoneidad documentada; y otras obligaciones que la Institución o el Propietario impongan”.

En la falta de controles que probó la fiscalía en los natatorios evidenció que nunca se había verificado debidamente la ausencia de un “Director Técnico con título de Profesor de Educación Física”, el cual si bien debía bregar por la seguridad de los presentes, y que no figuraba en la planta de empleados del Complejo Puelo.

Para la fiscalía de Delitos Complejos, ese accionar por parte de los imputados fue considerada una “grave falla” en el control que debía realizar el Director de Deportes, Cristian Jorgensen y la Directora de Comercio, Nora Jauregui.

La Ordenanza Municipal vigente desde el año 2004, establece en su artículo 28 que “las bocas de entrada y salida de agua (…) deberán protegerse con rejillas de forma convexa para evitar la succión y deberán asegurarse de tal manera que no puedan ser retiradas por los bañistas”.

Este aspecto fue considerado decisivo en la causa judicial que terminó meses atrás con el arresto y condena del dueño del natatorio y el guardavida, pero no fue validado por el juez Atencio al momento de dictar los sobreseimientos de los funcionarios procesados, quienes “debían ser los encargados de verificar que el complejo cumpla con las medidas de seguridad pertinentes para su habilitación”, según refrendó la fiscalía.

Para Atencio el delito imputado prescribió, ya que la pena máxima es de 2 años de prisión. Sin embargo, en tribunales se indicó que el delito sindicado “no prescribe cuando el procesado sigue teniendo el mismo cargo o uno de mayor injerencia sobre la determinada área”.

En la causa, la fiscalía comprobó que no se hicieron inspecciones durante casi cuatro años, ya que los últimos registros datan del 2008 y la muerte del niño García Ollarburo se produjo en 2011; cuando la toma de agua de la bomba estaba sin rejilla.

Los familiares y amigos de la víctima anunciaron para los próximos días una marcha a los tribunales penales de 8 y 56, en repudio de los sobreseimientos dictados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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