Tinta Judicial
Miércoles 19 de Septiembre de 2018

La denuncia a Melazo que otro juez archivó

Juez de Garantías, Guillermo Atencio

Guillermo Atencio, juez de Garantías de La Plata

Un fiscal lo imputó por "enriquecimiento ilícito" pero la causa no prosperó y el Fiscal de Cámara de La Plata no avaló al denunciante y dejó firme el sobreseimiento.

 

“Nunca tuve una causa penal”, aseveró el ex juez de Garantías de La Plata, César Melazo, tras su detención acusado de liderar una megabanda criminal de policías, narcos, ladrones, barras y lobistas, con contactos políticos y protección judicial. Mintió.

En su época de fiscal, el hoy camarista Ariel Argüero denunció a Melazo por “enriquecimiento ilícito”, pero la investigación penal no prosperó.

En un trámite exprés y con medidas de pruebas pendientes de realización, el juez de Garantías Guillermo Atencio sobreseyó a su colega, con quien tenía habitualidad y frecuencia de trato. Más allá del trajinar diario en tribunales, ambos magistrados que compartían el ala norte del tercer piso del edificio de calle 8 entre 56 y 57 de La Plata, iban a ser unidos por la política. El ex comisario genocida condenado, Luis Abelardo Patti, les propuso ser candidatos en su fuerza política. No pudieron lanzarse a la arena política. La Suprema Corte no los autorizó y si querían seguir adelante, debían renunciar a sus cargos.

El sobreseimiento fue apelado por Argüero, pero su superior, el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo no mantuvo el recurso de queja. La causa se cerró y Melazo no fue obligado s responder cómo crecía su patrimonio, muy por arriba de lo que su salario de magistrado le permitía. Cabe recordar que los magistrados solo deben vivir de su sueldo. Sólo puede ejercer la docencia y tienen vedado cualquier tipo de emprendimiento comercial.

El cierre de denuncias por enriquecimiento ilícito es un clásico, al menos, en el Departamento Judicial de La Plata. El caso más reciente es el del ex gobernador Daniel Scioli, quien fue denunciado por el abogado Rafael Velischek, pero el expediente fue cerrado en pocas semanas, antes de las elecciones en las que el entonces mandatario bonaerense compitió como candidato a presidente del Frente para la Victoria. Además, en los Tribunales era un secreto a voces que en la resolución del juez y del fiscal habrían influido las operaciones del entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal.

El sobreseimiento dictado por el juez Pablo Raele fue consentido por los fiscales Jorge Paolini, su superior Héctor Vogliolo (otra vez) y ratificado en Casación bonaerense por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

El expediente llegó a Casación luego de la resolución de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata (con las firmas de Carlos Argüero, Carlos Silva Acevedo y María Riusech) ordenaron reabrir la investigación.

La Suprema Corte, además, ordenó seguir adelante con la investigación a Scioli.

 

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