Tinta Judicial
Martes 17 de Julio de 2018

La causa Luis XV se juzgará en La Plata

Tribunales Federales de La Plata

La causa por uno de los mayores cargamentos de cocaína fue elevada juicio y el debate será este año en la capital bonaerense

Más de 30 mil fojas, cientos de horas de escuchas telefónicas y bienes embargados por 187 millones de dólares. Todo eso saldrá a escena en el fuero Federal de La Plata con el juicio oral que se realizará en la capital bonaerense en el marco de la causa denominada “Luis XV” el mayor caso de narcolavado criollo.

La causa quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal Federal II de La Plata, integrado por Jorge Aníbal Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Daniel Esmoris, detallaron fuentes del caso a Tinta Judicial.

Para la justicia, en este tramo del proceso, los integrantes de la organización "tienen su vinculación con desprendimientos de carteles narcos colombianos que vinieron a instalarse en la Argentina, muchos con sus orígenes en el Cartel de Cali, con personas reclamadas y extraditadas a los Estados Unidos de Norteamérica".

El líder de la banda no está en el país. Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza en marzo 2011 y extraditado a los Estados Unidos dos años después. Tampoco otros ocho miembros de su familia -entre los que se encuentran dos de sus hijos, su madre, su esposa y su hermano-, que forman parte del grupo de procesados e investigados (alrededor de treinta personas más) que irían a juicio en una segunda etapa.

En el requerimiento, el fiscal distinguió tres grandes grupos en los que se dividía la organización de la red criminal. Los dos primeros se dedicaban a todo lo vinculado con el narcotráfico.

"Había un primer equipo dedicado al financiamiento de la actividad, por el cual resultaron imputados Gustavo Adolfo Mejía Medina, María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez, Héctor Julio Giménez Hurtado, Adrián Bruno Ramírez, Alejandro Carlos Elvira, Diego Fernando Herrera Restrepo, Juan Carlos López Cortes y Fernando Manuel Machado Lousao", sostuvo el fiscal en su requerimiento.

El segundo grupo era el encargado del almacenamiento de la droga y, finalmente "la red contaba con un tercer grupo de personas que se dedicaban al blanqueo de activos que obtenían mediante el narcotráfico".

Todo se inició en el 30 de octubre de 2007, con una denuncia anónima, que en 2009 tuvo un aporte valioso de la DEA (la agencia antidrogas de los EE.UU.)

Durante dos años, los policías de la delegación de Drogas Ilícitas de la DDI de Lomas de Zamora siguieron los pasos de Jaime Eduardo García Rivero. Colombiano, en ese entonces de 31 años, el “Costeño” cumplía un rol fundamental en la estructura de transporte y almacenamiento de la cocaína. Era una de personas de confianza de los jefes y estaba a cargo de la logística. Trasladaba conciudadanos al aeropuerto de Ezeiza, conseguía celulares y vehículos para los miembros de la banda y alquilaba los inmuebles que funcionaban como depósito.

El Costeño vivía en Lanús junto a su esposa. A los investigadores les llamó la atención el elevado nivel de vida de la pareja pese a que ninguno tenía trabajo formal. Entre los “ostentosos gastos” -escribió el juez en el procesamiento- “se destacó el consumo de telefonía celular como también los reiterados viajes al exterior”. Esa fue la punta del ovillo de la que tiraron los sabuesos para llegar al resto de la banda.

En abril de 2012, en el operativo Luis XV, la justicia incautó en un galpón de Lanús 258,54 kilos de cocaína que estaban ocultos en doblefondos de muebles de estilo. En otro allanamiento en un departamento del barrio porteño de Colegiales encontraron 4,1 kilos más en una valija color verde agua. Tanto el galpón de Lanús como el departamento de Capital Federal habían sido alquilados por el Costeño.

En paralelo, en la justicia federal tramitaba una causa iniciada en 2009 a partir de un informe que la Drug Enformecement Administration (DEA) envió a la Policía Federal. Según el reporte, una organización vinculada con cárteles colombianos se había instalado en la estancia “Santa Ana”, en el kilómetro 55 de la ruta 210, en la localidad bonaerense de San Vicente. El campo pertenecía a la familia Meyendorff.

Ignacio “Nacho” Álvarez Meyendorff fue detenido en marzo de 2011 en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba de unas vacaciones en Tahití. El colombiano tenía pedido de captura internacional ordenado por la fiscal norteamericana Bonnie Klapper. A los dos años el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde también se entregó su hermano Juan Fernando. Además del proceso iniciado en la Corte del Este de Nueva York, el clan Meyendorffsufrió el embate de la justicia colombiana: les confiscaron bienes por casi 700 millones de dólares.

La trama financiera

La captura de “Nacho” marcó la caída de la red que abarcaba cuatro países sudamericanos y extendía sus negocios a América del Norte, Asia y Oceanía. En Estados Unidos, lo acusan de enviar desde Colombia al país del norte casi 70 toneladas de cocaína. El primer envío lo habría hecho en enero de 2004. Según detalló el fiscal en el pedido de elevación a juicio “a partir del día 9 de febrero del mismo año se empezaron a verificar la conformación de las distintas empresas” que conformaron la estructura para reingresar el dinero en la economía formal, detallaron fuentes de la defensa oficial.

El primer paso fue abrir en el país sucursales de cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles: Ferdal Country S.A, Val Darly S.A, Portal Marina S.A y Blaspark S.A. La constitución de esas firmas y la instalación de las sedes en Argentina se hicieron a través del estudio contable de la argentina María Francisca García Fernández de Kusnier, alias Mari Paqui, quien fue detenida en España en una causa por narcotráfico. Cuatro empleados del estudio y el propio hijo de la contadora prestaron sus nombres para conformar los directorios de las empresas offshore, constituirse como accionistas y asumir como representantes de las empresas.

Las actas de constitución y los nombramientos se firmaron en Uruguay entre el 9 de febrero y el 9 de diciembre de 2004. Los informes de Migraciones demostraron que en esas fechas los testaferros estaban en Argentina.

A través de esas cuatro firmas la organización compró lotes en los countries Abril, en Berazategui, y Nordelta, en Tigre. La dinámica era siempre igual: después de aproximadamente un año, las propiedades cambiaban de dueños.

Con el tiempo, el emporio empresarial de los Meyendorff creció hasta tener 28 empresas que se interrelacionaban entre sí: hacían transferencias bancarias, alquilaban inmuebles y compraban y vendían vehículos. Muchas de ellas, incluso, tenían el mismo domicilio y compartían los miembros del directorio o los accionistas.

 

 

 

 

 

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