Tinta Judicial
Miércoles 24 de Abril de 2019

El delito de “piquetear”

Dr Gabriel Sagastume

Gabriel Sagastume, abogado y ex fiscal de La Plata

El abogado y ex fiscal Gabriel Sagastume analiza la antinomia derecho de protestas versus derecho a circular.

Desde hace unos años se ha extendido la práctica de cortar calles, rutas y autopistas como método de protesta. No abundaré en describir a los diversos actores que eligen este modo de queja: tanto pueden ser trabajadores reclamando aumentos de sueldo, “caceroleros” o alumnos de un colegio porque se rompió una estufa.

Lo que ha acompañado esta forma de protesta, que es un delito, es la paulatina tolerancia de las autoridades y su consecuente falta de sanción.

En el Código Penal, dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad pública se encuentra el artículo 194 que dice: “El que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años.”

Lo de la “falta de peligro común” es porque si ello ocurriera, caeríamos en otra conducta penal.

La doctrina y la jurisprudencia ha dicho muchas veces que esta figura protege el derecho constitucional de circular libremente. A este derecho, quienes defienden la impunidad de los cortes de calle, oponen el derecho de reunión, que si bien no está explícitamente escrito en la Constitución Nacional, se deduce de los derechos implícitos del artículo 33. Pero para ejercer este derecho, el de reunión, también se ha dicho en innumerables fallos, que debe haber un permiso previo, que permita a las autoridades policiales y administrativas tomar los recaudos necesarios para su realización evitando mayores perjuicios a quienes no participan de la reunión.

Otro argumento que han esgrimido muchos jueces para no penalizar los cortes ha sido lo que se entiende como la teoría del “camino alternativo”, consideran que el delito no se ha configurado si existe otra vía de paso. Es decir cuando el corte no es absoluto, porque admite el paso por un costado o por otro carril, o cuando hay una calle paralela que permite la circulación y el retome en la vía cortada.

Contra esto, otros jueces dicen que el bien jurídico protegido es la regularidad y eficiencia de los servicios públicos y este se ve afectado si se altera la circulación normal y por las vías habituales que correspondan.

Además la ley describe como acciones típicas de este delito, no sólo “impedir” sino también “estorbar” y “entorpecer”.

Los autores dicen que resulta típica del artículo 194 del Código Penal " toda acción que paraliza, desorganiza o retarda el tráfico o la prestación, cualquiera que sea el tiempo que dure" (Creus, Núñez, Fontán Balestra, entre otros).

Hay un fallo de la Corte Suprema, que se cita muchas veces, el del caso “Campaña Popular de defensa de la ley 1420", fallado en 1947, donde dice: a) el derecho de reunión no admite más restricción que el permiso previo en caso de utilizarse calles, plazas y lugares públicos; b) el aviso para la que, siendo cuantiosa se va a desarrollar en lugar cerrado.

Estas mínimas restricciones que impone el derecho judicial argentino cumplen con lo establecido en el  artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos: "el ejercicio de tal derecho (el de reunión pacífica y sin armas) sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás".

Estas disquisiciones técnico-jurídicas son las que campean en los fallos que se han dictado cuando una denuncia penal por un corte de calle llega a sentencia. Pero la realidad cotidiana nos muestra que por un lado, parece que la única forma eficiente de protestar por algo sea el piquete. Si no hacés piquete (y salís en televisión o los diarios), ninguna autoridad te escucha y no se podrá solucionar el motivo de la queja. Y por otro lado, la cantidad de fallos que ha eximido a los manifestantes de sanción penal, sumado a la complacencia de las autoridades políticas en el sentido de algunas protestas, y la sanción que muchas veces recae en el personal policial cuando actúa, tratando de restablecer el orden alterado, ha provocado la anomia, es decir la degradación o directamente la eliminación de las reglas que permiten conducir la vida en sociedad.

No hace falta poner ejemplos, pero el reciente hecho en el puente Pueyrredón donde los manifestantes tiraron por la baranda del puente a alguien que intentó cruzar el piquete, me exime de mayores comentarios.

Necesitamos que las instituciones cumplan sus roles y sean canales de expresión: los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones profesionales y civiles, pero respetando la convivencia democrática.

El Tribunal de Casación Penal de la Nación ha dicho en un fallo: “Esta forma de expresarse provoca innegable violencia, pues entra en colisión con el derecho de otra personas a transitar libremente, ejercer el comercio, trabajar en libertad, vivir con tranquilidad y seguridad y preservar su propiedad. En estos casos, el entorpecimiento de la circulación por calles y rutas es el objetivo directo de esa forma de expresarse y, en consecuencia, ante el fastidio de los terceros que también reivindican el ejercicio de sus derechos constitucionales, no se acierta a vislumbrar cuál puede ser el límite de violencia a que llegue el enfrentamiento. No parece discutible… que comportamientos tales hallan adecuación típica en normas del Código Penal y no debería dudarse que la inacción, la inoperancia o el apartamiento de la ley por parte de quienes estamos obligados a aplicarla constituye una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos”.

Evidentemente el problema no radica en la ley, no hace falta modificarla ni agregarle nada, si cada uno cumple su rol: la policía actuando para evitar la comisión de delitos, en este caso impidiendo la consumación del corte; el poder político respaldando al funcionario policial que actúa correctamente, y el poder judicial sancionando a quienes cometen el delito. Y la población aceptando que existe un orden democrático que debe respetarse, el ejercicio del derecho de reunión y el de peticionar legítimamente a las autoridades tiene modos de expresarse para no afectar otros derechos, como el de circular libremente. Debemos respetar las leyes y respetarnos como ciudadanos, única forma de poder vivir con libertad.

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